En el día de hoy se conoció que por medio de un recurso de amparo la SOS Caballito influyó sobre la decisión de una jueza de parar las construcciones de edificios en ese partido bonaerense. En contacto con Lo Último del Día, Alejandra Buti, abogada defensora de la ONG, alertó a la ciudadanía correntina sobre la temática. Precisó que no se trata de estar en contra del crecimiento y desarrollo de la ciudad, pero que esta capital "tiene una hermosa vista al Paraná y se debería estar atento a la legislación para no contaminar la visual".

Asimismo defendió la idea de que no sólo se trata de oponerse por cuestión estética, sino que es un problema urbanístico que se plantea en el seno de las sociedades. Por ejemplo explicó que en el partido de Caballito se expuso la angustia de los ciudadanos que comenzaron a vivir oliendo cloacas, sin luz, deficiencia en los servicios. De pronto se movilizaron y consultaron a su estudio sobre si hay o no una ley de impacto ambiental. Que el gobierno porteño la tiene, es la Ley N º 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice que toda obra que afecte el medio ambiente debe tener un estudio de impacto ambiental. Por ello presentaron un recurso de amparo, y la juez resolvió la medida cautelar que en un radio de 20 manzanas están prohibidas las obras nuevas y de remodelación. Asimismo se conoció a través de este fallo que no informó el Gobierno de la Ciudad sobre todas las obras que están en construcción y además encontraron 9 edificaciones que no tenían el estudio de impacto ambiental.

"La gente que integra la ONG SOS no se opone al progreso, sino que plantea que las autoridades tengan el cuidado de planificar. Porque el crecimiento urbano debe ser plantificado, ya que de lo contrario colapsan los servicios y es una problemática en general" puntualizó Buti.

Ante el interrogante de por cuanto tiempo estarán suspendidas las obras, la profesional del derecho explicó que se reunirán las partes para tener el peritaje. Y habrá que revisar los permisos de obras, y aquellas que no hayan presentado el estudio deberán suspender totalmente su obra y presentar el estudio de impacto ambiental que la norma exige.

Ante ello recomendó que "hay que tener responsabilidades compartidas en esto. Que los funcionarios ejerzan su autoridad y la gente pueda realizar los reclamos y tomar la posta de denunciar los casos en que se viola la norma. Exigir que las normativas se cumplan" adujo. Cabe recordar que esto sienta un precedente a nivel país, porque la jueza ordenó la suspensión de obras y elaboración de un peritaje técnico-científico para que después se reúnan las partes y decidan sobre cuál sería responsable de ejecutar qué camino será el más recomendable seguir.