Denuncia criminal contra el ex Fiscal de Estado Fernando Carbajal

08/02/2010 El periodista Guillermo González del Castillo, responsable de la presentación judicial que dio lugar a la investigación del fiscal Gustavo Roubineau por el manejo espurio y discrecional de la pauta de publicidad oficial, interpuso una denuncia criminal contra el ex fiscal de Estado Fernando Carbajal por los cargos de "violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento y administración fraudulenta agravada en concurso real".

La imputación de González del Castillo se formalizó el viernes 29 de enero pasado ante la fiscalía de turno de Alejandro Chaín, el mismo agente del ministerio público que tiene a su cargo otros casos resonantes como la "causa Urbatec" por la tercerización del servicio de energía a favor del monopolio privado del grupo
Chamas.

González del Castillo le enrostra a Carbajal una supuesta "omisión dolosa" de no intervenir en defensa del interés público "agraviado" por los desaguisados de la gestión de Arturo Colombi con los fondos destinados a solventar los gastos de publicidad oficial. Carbajal, a juicio de González del Castillo, estaba obligado por mandato legal a intervenir en defensa del "interés público agraviado" y al no hacerlo, habría incurrido en un rosario de figuras delictivas que de resultar homologadas por el magistrado interviniente podrían comprometer su libertad ambulatoria.

Siempre a tenor de lo manifestado por González del Castillo en su denuncia, el ex fiscal
de Estado durante el período de Arturo Colombi habría declinado su responsabilidad de
"ejercer el control de la legalidad de los actos administrativos del Poder Ejecutivo", en
tanto "defensor y custodio de los bienes y recursos públicos que se encuentran en la
esfera del Estado provincial".

González del Castillo recuerda en su escrito que el fiscal de Estado, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 175 de la Constitución provincial y leyes reglamentarias, por su carácter de "asesor jurídico sin subordinación del Poder Ejecutivo", tiene la responsabilidad indelegable de "ejercer el control de legalidad de los actos administrativos del gobierno central, organismos descentralizados y entes autárquicos, gozando para ello de una situación institucional de privilegio que Compromete su responsabilidad por su conocimiento directo y personal de todos los actos de la gestión del Poder Ejecutivo".

Abundando en esa línea argumentativa González del Castillo recuerda el antecedente de la carta documento que le remitiera al entonces fiscal de Estado para anoticiarlo de la causa abierta por el manejo irregular de los fondos de publicidad oficial y peticionar su intervención como querellante en el expediente en cuestión. Como Carbajal hizo caso omiso al requerimiento del denunciante, González del Castillo infiere en su reciente presentación que el depuesto funcionario incumplió deliberadamente con la Responsabilidad inherente a su función, lo que daría pábulo a la acusación del periodista.

Tal desistimiento, entiende González del Castillo, se encontraría encuadrado en el delito de encubrimiento y administración fraudulenta en grado de partícipe necesario contra el Estado provincial, una figura del Código Penal que prevé la prisión efectiva del inculpado.