El peligroso camino a la Emergencia Ocupacional

Jueves 2016
Por María Cristina Solis
Ambas Cámaras del Congreso de la Nación avanzaron en sendas Comisiones de Trabajo y Previsión Social con proyectos tendientes a evitar el despido de trabajadores. Las iniciativas acompañadas por legisladores de la oposición concuerdan con uno de los reclamos expresados por los representantes de las centrales obreras. Sin embargo la medida que busca poner freno al recorte de personal tanto en el sector público como privado, puede a contrario sensu precipitar la decisión de empleadores, en un escenario económico que se proyecta marcado por la incertidumbre y una situación social apremiante.

El proyecto del Senado suspende los despidos tanto en el sector público como privado por 180 días. Durante este lapso de tiempo el trabajador podrá optar por la doble indemnización o solicitar la reincorporación en su puesto de trabajo, mediante un proceso que debiera ser sumarísimo. Por su parte, en Diputados, la propuesta es más amplia, ya que la Emergencia tendría vigencia retroactiva al mes de marzo y se extendería hasta diciembre de 2017. Esto implica no sólo la prohibición de los despidos durante ese tiempo, sino la reincorporación de todos los cesanteados desde su vigencia retroactiva y la renovación automática de los contratos. Ya en el debate en Comisión se cuestionó la inconstitucionalidad de la embrionaria iniciativa.

Es innegable que los trabajadores están sufriendo la cara más cruenta del denominado “ajuste”, “reordenamiento” o “sinceramiento”  según la preferencia semántica. Pero es imprescindible trazar un diagnóstico realista de la situación y analizar el resultado de experiencias pasadas,  lamentablemente cuando de emergencias y crisis se trata, en nuestro país abundan.  

A priori puede dudarse tanto de la efectividad de la exhortación para que cuiden el empleo de Mauricio Macri a los cientos de empresarios que reunió esta semana; como de las iniciativas de algunos legisladores que penalizan los despidos con la ya conocida fórmula de la doble indemnización.

En 2003 IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) analizó los resultados de una medida similar adoptada por el gobierno de Eduardo Duhalde el año anterior. Como conclusión extrajo que casi 180 mil personas fueron despedidas pese a la prohibición, de las cuales el 63% eran trabajadores no registrados y que en el 94% de los casos no habían cobrado la doble indemnización. De los que sí estaban en blanco al momento de la rescisión del contrato de trabajo, casi la mitad tampoco cobró la compensación agravada. Los altos niveles de empleo en negro, un gran problema estructural de Argentina, condicionan a logros parciales las medidas adoptadas de tipo restrictivo, que solo amparan de manera directa al universo de trabajadores registrados, ya que para que puedan aplicarse a la totalidad se deben sortear primero las etapas de un lento proceso judicial que permita el reconocimiento de su condición de trabajador  en relación de dependencia.

En 2014, cuando la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner,  envío al Congreso un Plan para regularizar el trabajo informal, el porcentaje era de 33,5%, según los datos oficiales. Por su parte, la OIT (Organización Mundial del Trabajo) publicó en un informe de 2013 que la informalidad en el mercado laboral argentino afecta a alrededor del 44% del total de los trabajadores, incluyendo modalidades de precarización como los “factureros”.

Ante esta realidad, poco se hizo y poco se sigue haciendo para resolver este problema. Con justificaciones que van desde poner en duda la moral del empresariado vernáculo, pasando por la falta de control y connivencia de los gobiernos de turno,  hasta las que atribuyen el quid de la cuestión a una insostenible presión fiscal. Probablemente sea un poco de todo más la inflación, más las inundaciones, más la crisis de Brasil y la mar en coche. La precariedad no escapa al empleo público, donde paradójicamente es el Estado empleador el que incumple toda la normativa, privando del principal derecho que tienen sus agentes, la estabilidad.

Coincidentemente este miércoles el gobierno anunció, sin mayores detalles, el envío al Congreso de un proyecto de Ley de promoción del Primer Empleo. Buscará incentivar la contratación de jóvenes  y si mantiene lo anunciado durante la campaña electoral estará basado en la exención de aportes personales y contribuciones patronales durante los primeros cinco años de la vida laboral. La medida, si es aprobada, puede significar la creación de puestos de trabajo para los más jóvenes, uno de los sectores que padece con mayor intensidad  la falta de trabajo. En un contexto de estancamiento de la demanda laboral, podría significar una herramienta que aporte una dinámica interesante que acompañe la reactivación económica. Sin embargo, hoy  la urgencia movió el eje, y la prioridad es que quienes tienen trabajo puedan conservarlo. Tenemos historia reciente que demuestra que los golpes que reciben los que se caen del sistema, no sanan. Aún hoy están abiertas las heridas de 2001.

Maria Cristina Solis
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