El fiscal federal Diego Luciani pidió que la vicepresidente y dos veces ex presidente de la Nación, Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años de prisión al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita y de fraude al Estado. En su última jornada de alegatos por la causa Vialidad, Luciani solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5300 millones de pesos.
El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: CFK: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.
Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. El fiscal dijo que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.
“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el fiscal.
“Lamentamos profundamente lo que hemos constatado en esta causa. Vimos y comprobamos cómo el Estado de Derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados. Describimos un sinnúmero de arbitrariedades, abuso de poder, atropellos constantes de las normas que regulan la recta contratación pública”, afirmó el fiscal Diego Luciani en otro duro tramo de su alegato en la causa Vialidad. “Todo ello en pos de beneficiar ilegalmente y de manera millonaria al grupo empresarial de Lázaro Báez, con quien los presidentes tenían innumerables negocios comerciales”, continuó.
“La única forma de modificar este paradigma es transmitir conductas ejemplares desde los más altos cargos del Estado”, evaluó Luciani. “Hoy, más que nunca, la sociedad reclama justicia. Señores jueces, está en sus manos restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, agregó, dirigiéndose al tribunal. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, concluyó, antes de pedir las penas.